Viernes 24/04/15 órdenes de bienes duraderos

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Parlamento griego aprueba ley que obliga a gobiernos locales a prestar dinero al Estado

Por Renee Maltezou

ATENAS (Reuters) - El Parlamento de Grecia aprobó el viernes un decreto que fuerza a las entidades gubernamentales a prestar efectivo al Estado, que se encuentra al borde de la bancarrota, en un hecho que desató una serie de protestas de municipalidades y sindicatos.

Cuando le quedan apenas unas semanas para quedarse sin fondos, el Gobierno ha estado recurriendo a las reservas de instituciones del sector público a través de transacciones denominadas "repo" o de corto plazo para cubrir sus necesidades.

El lunes, el Gobierno ordenó a las entidades, incluyendo a gobiernos locales, que presten al Estado los fondos que no usarán de inmediato, mientras intenta alcanzar un acuerdo con sus escépticos acreedores locales sobre el tramo restante de su rescate financiero.

Varios cientos de manifestantes protestaron fuera del Parlamento en el centro de Atenas mientras los legisladores votaban por la medida, aprobada por 156 votos a favor y 104 en contra en la cámara de 300 escaños.

"Se trata del compromiso del Estado de pagar los salarios y las pensiones", dijo el jefe del Parlamento, Nikos Filis, al defender la legislación. "El dinero obtendrá mejores intereses (de lo que pagan los bancos)", agregó.

En una protesta simbólica, trabajadores municipales se plegaron a una huelga de tres horas el viernes. Algunos funcionarios de gobiernos locales han amenazado con desafiar la orden, mientras que otros dijeron que requerían explicaciones antes de contribuir a las arcas del Estado.

"Si el primer ministro nos dice que el rescate del país depende del dinero de los gobiernos locales, entonces lo entregaremos todo. Sólo necesitamos convencernos de que hay un plan", dijo el sindicato de las municipalidades del país, KEDE, en un comunicado en el que solicitaba reunirse con el primer ministro Alexis Tsipras.

Las protestas aumentan la presión sobre Tsipras, cuya decisión de continuar resistiéndose a las demandas de sus acreedores es cada vez más impopular.

Un sondeo divulgado esta semana mostró que un 45,5 por ciento de los encuestados estaba a favor de la postura negociadora del Gobierno, una baja de casi 30 puntos respecto a febrero.

(Reporte adicional de Angeliki Koutantou y George Georgiopoulos. Editado en español por Marion Giraldo)

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Propuesta a los mineros, por Ian Vásquez

Sábado, 25 de abril del 2015. 06:00 Una mejor asignación de derechos haría mucho por desarmar el sentimiento antiminero.

Ian Vásquez Instituto Cato
Una vez más, un proyecto minero ha convertido al Perú en escena de enfrentamientos sociales. Como siempre, el costo ha sido alto: violencia, muertes, pérdida de oportunidades económicas, mayor inseguridad jurídica y caída de inversiones. La paralización de Tía María y la minería en muchas otras partes del país le costará anualmente al Perú 1,5% de su PBI actual durante los próximos diez años, según el economista Juan Mendoza Pérez.

No debemos esperar una mejora sustancial o sostenible de esta situación. A menos que, como propone el abogado y profesor de derecho Enrique Ghersi, se resuelva el problema de fondo: la definición deficiente del derecho de propiedad. Una pregunta que Ghersi hace en clase es: “¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en tu jardín, en Talara o en Houston? La respuesta es que si lo encuentras en Houston, eres rico, porque el petróleo es tuyo; mientras que si lo encuentras en Talara, eres pobre porque es del gobierno”.

En el Perú, el propietario del subsuelo es el Estado. Los campesinos, comunidades e individuos que viven y trabajan sobre los grandes recursos naturales que están debajo de la tierra no tienen derecho a los mismos, solo a la superficie. El Estado otorga concesiones a las empresas mineras. Lo que reciben los campesinos, que se consideran los verdaderos dueños de esta riqueza, es una parte inferior de las rentas que los burócratas y las empresas deciden gastar en ellos. Para Ghersi, esta asignación de derechos viene a ser una expropiación del subsuelo de los pobres y produce resentimiento y desconfianza.

También abre las puertas a que los mensajes de movimientos y políticos radicales tengan llegada, que tales grupos se organicen en el ámbito nacional, y que representen no solo a gente que pueda tener preocupaciones legítimas sino a gente cuyas demandas son dudosas. Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, los responsabilizaría por las decisiones sobre su propiedad, y reduciría la violencia social. Facilitaría, además, la formalización de la minería informal, en donde laboran por lo menos 100.000 mineros producto del mal concebido régimen de propiedad. Con una mejor asignación de derechos, los lugareños propietarios de minerales tendrían un incentivo poderoso para desmentir acusaciones infundadas que suelen hacerse hoy con facilidad en contra de los proyectos mineros. Haría mucho por desarmar el sentimiento antiminero donde sea, ya que el negocio tendría una mayor legitimidad social.

Esa solución, si fuera políticamente viable, sería de largo plazo dado que requeriría de un cambio en la Constitución. ¿Qué se podría hacer en un plazo más corto? Propongo una alternativa de menos alcance pero que podría tener efectos positivos. Las empresas mineras deben otorgar acciones a los ciudadanos y miembros de las comunidades directamente afectadas por su negocio. Eso tendría el efecto de alinear los intereses de la ciudadanía local, o una parte de ella, con el desarrollo del proyecto minero. También “recompensaría” en algo a quienes sienten que han sido expropiados.

Podría ser que esta propuesta beneficie no solo a quienes tienen demandas legítimas, sino que también premie a muchos más actores. Eso, sin embargo, ya ocurre en el sentido de que las empresas mineras financian todo tipo de obras sociales y aún no dejan de ser objetos de protestas. Dependiendo de la fórmula, el repartir acciones puede tener un impacto favorable, pues a diferencia de meras dádivas, se estaría dando derechos de propiedad. Y comparado a la alternativa de mantener paralizado al sector, es una opción razonable con un beneficio potencialmente grande.

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Sony eleva pronóstico de ganancia para año fiscal 2015 a 2.520 mln dlr: Nikkei

TOKIO (Reuters) - La firma japonesa de electrónica de consumo Sony Corp elevó su estimación de ganancia operacional para el año fiscal 2015 a 300.000 millones de yenes (2.520 millones de dólares), o cuatro veces su estimación previa, reportó el sábado el periódico financiero Nikkei.

Las expectativas de mayores ventas de sensores de pantalla usados en teléfonos móviles y de la consola de videojuegos PlayStation fueron el motivo para que Sony elevara sus estimaciones, informó Nikkei sin citar fuentes. Nadie en Sony estaba disponible para comentar.

Sony también prevé que las ganancias en el año fiscal que termina en marzo de 2016 mejore debido a una reducción de los costos de reestructuración, publicó Nikkei.

Si Sony cumple con su pronóstico de ganancia de 300.000 millones de yenes, sería la mayor utilidad de la compañía desde 2008, según el periódico.

El miércoles, Sony elevó sus estimaciones de ganancias para el año fiscal que acaba de terminar por segunda vez en tres meses, citando ventas mayores a lo esperado de videojuegos y cámaras digitales.

La empresa con sede en Tokio finalmente está cosechando los beneficios de sus esfuerzos de reestructuración después de que ventas débiles de televisores y teléfonos avanzados provocaron fuertes pérdidas durante años.

(1 dólar = 119 yenes)

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El drama de Cateriano, por Fernando Rospigliosi

Domingo, 26 de abril del 2015. 06:00 El principal obstáculo para el buen desempeño de un primer ministro es la pareja presidencial.

Fernando Rospigliosi Analista político
Pedro Cateriano ha hecho todos los esfuerzos para estar a la altura de su nuevo cargo, ha tragado sapos muy desagradables sonriendo como si fueran un delicioso manjar, solo para ser boicoteado sistemáticamente desde Palacio de Gobierno.

La última jugada parece que ha sido la filtración de información sobre los viajes de congresistas fujimoristas a eventos partidarios con dinero del Congreso. Aunque después se ha comprobado que hay parlamentarios de otros partidos, incluyendo el oficialista, que han hecho algo similar, los fujimoristas han sido vapuleados –con justificada razón– durante varios días.

Algunas versiones indican que la filtración fue propiciada por Palacio de Gobierno con la finalidad de seguir irritando a sus adversarios políticos y suscitar una reacción agresiva de estos. Cuando el flamante premier se presente mañana lunes en el Congreso, donde el oficialismo ya es minoría, a pedir el voto de los parlamentarios, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que esa denuncia no ayudará a bajar las tensiones sino que atraerá ataques contra él.

En realidad, desde que Cateriano inició su ronda de conversaciones con los líderes políticos y gremiales, el presidente Ollanta Humala se dedicó a perjudicar sus esfuerzos con provocaciones a la oposición y a los medios de comunicación, a tal punto que Keiko Fujimori advirtió que el premier debe cuidarse del presidente y debería dialogar primero con él.

Otro error fatal –al parecer inducido también por la pareja presidencial– fue su innecesaria visita al sur en medio de un conflicto sin perspectivas de solución favorable. Los viajes de Cateriano a Mollendo y Arequipa para intervenir en la disputa suscitada alrededor del proyecto minero Tía María aparentemente también fueron dispuestos por la pareja presidencial. Por supuesto, eran una misión imposible. Los líderes antimineros le hicieron el vacío y se negaron a reunirse con él. El premier se limitó a lanzar amenazas que no tenían la posibilidad de realizarse y ahora tendrá que responder tanto por la violencia, que ha costado un muerto y varios heridos, como por el presumible fracaso de una de las pocas inversiones mineras en curso.

El asunto es que el problema en Islay es político y el gobierno carece de operadores en el terreno. Peor aun, al parecer ni siquiera advierte cuál es el obstáculo y la solución, y se limita a procurar imponerlo por la fuerza, camino que se ha demostrado inútil siempre que se ha intentado. Es decir, es imposible llevar adelante un proyecto minero, al cual se opone un grupo de radicales que han logrado movilizar a un sector de la población, solo con la intervención de la policía.

La fuerza policial es eficaz en contener a los antimineros, que siempre recurren al bloqueo de carreteras y a la violencia, si es que se cuenta con el respaldo activo de un sector de la población. Y para ello se requiere de líderes locales capaces de movilizar a los que están a favor de la inversión y el desarrollo. Glosando una famosa frase que usó Bill Clinton en su campaña contra George Bush padre en 1992, se puede decir: “Es la política, estúpido”.

Es muy difícil que una policía mal equipada, deficientemente entrenada y peor dirigida, pueda mantener el orden durante más de un mes, soportando las constantes provocaciones de los antimineros, sin que se produzcan incidentes lamentables como los que finalmente han ocurrido.

El resultado es que Cateriano tendrá ahora el repudio de los enemigos de la minería y los votos en contra de varios parlamentarios izquierdistas disidentes del humalismo en el Congreso, según han anunciado, y una negativa opinión de los partidarios de la inversión y el crecimiento, que perciben que es incapaz de sacar adelante un proyecto muy importante en momentos en que la economía sigue desacelerándose.

Aunque probablemente logre el voto de investidura, Cateriano inicia su ministerio debilitado y es posible que los próximos meses tenga que enfrentar cuestionamientos cada vez más potentes y ruidosos. Y es que el principal obstáculo para el buen desempeño de un primer ministro –como lo han constatado sus antecesores– es la pareja presidencial, los verdaderos perros del hortelano de la política nacional, que se empeñan en levantar barreras insalvables con políticos, medios de comunicación y la sociedad civil, y hacen superfluos los esfuerzos de sus ministros.