Viernes 20/06/14 expectativas de inflación de Atlanta.

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Banco Central de Colombia sube tasa de interés, duplica monto de compra de dólares
viernes 20 de junio de 2014 16:45 GYT Imprimir [-] Texto [+]

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Por Nelson Bocanegra

BOGOTA (Reuters) - El Banco Central de Colombia subió el viernes su tasa de interés en 25 puntos base por tercer mes consecutivo, en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, por el dinamismo de la economía y las presiones que está causando sobre la inflación.

Además prorrogó su programa de compra de dólares, al tiempo que duplicó el monto frente al trimestre anterior, para acumular reservas internacionales y contener la apreciación del peso.

El banco emisor subió el tipo de interés referencial a un 4 por ciento, su mayor nivel desde diciembre del 2012, una decisión unánime entre el directorio de siete miembros.

La decisión se produjo un día después de que el Gobierno reveló que la economía creció un 6,4 por ciento en el primer trimestre y revisó al alza el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, en un señal de que espera una mayor expansión.

"Con esta nueva información aumenta la probabilidad de que la economía se encuentre cerca al uso pleno de su capacidad productiva en 2014", dijo el gerente del banco, José Darío Uribe, al leer un comunicado.

El funcionario resaltó que ese dinamismo de la economía podría derivar en el surgimiento de presiones inflacionarias más rápido de lo previsto, lo que llevaría el alza de los precios a un nivel superior a la meta puntual del banco, de 3 por ciento, pero dentro del rango de entre 2 y 4 por ciento.

MÁS COMPRAS DE DÓLARES

Respecto a su programa de compra de dólares que expiraba en junio, el Banco de la República lo prorrogó por tres meses, periodo en el que adquirirá hasta 2.000 millones de dólares dentro de su estrategia para acumular reservas internacionales y suavizar la apreciación del peso colombiano. El cupo para el periodo julio-septiembre es el doble del que estableció el Banco de la República para el segundo trimestre, de 1.000 millones de dólares.

El plan estuvo dentro de lo esperado por el mercado, que proyectó un cupo de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares.

La moneda local acumula una apreciación de 2,4 por ciento en lo que va del año y borró la depreciación de 9 por ciento que alcanzó durante el 2013, debido a la entrada masiva de flujos hacia portafolios que originó el rebalanceo de la deuda pública interna colombiana en los índices de JPMorgan.

"La probabilidad de que la tasa de cambio esté desalineada o moviéndose hacia un desalineamiento frente a lo que observábamos hace tres meses ha aumentado y teniendo ese tipo de consideraciones creemos que es apropiado para la economía colombiana aumentar nuestro monto de compras", explicó Uribe.

A su turno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró que a las compras de moneda estadounidense del banco continuarán las de la estatal Tesorería Nacional para continuar interviniendo activamente en el mercado. "Tenemos munición amplia y suficiente para participar en el mercado cambiario y buscar lo que siempre hemos querido, que es un dólar más competitivo, evitar que la moneda colombiana esté sobrevaluada", concluyó.

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Casa Blanca anuncia medidas para frenar aumento de inmigración ilegal

Por Mark Felsenthal

WASHINGTON (Reuters) - La Casa Blanca intensificó el viernes los esfuerzos para reducir el flujo de ingreso ilegal de niños a Estados Unidos, ampliando la capacidad del Gobierno para procesar y deportar gente y anunciando más financiamiento para reforzar la seguridad en los países de Centroamérica.

El Gobierno dijo que incrementará el número de jueces y abogados del área inmigración para decidir rápidamente qué ocurre con las personas detenidas en la frontera y para devolverlas a sus países de origen.

"Estamos aumentando los recursos para incrementar nuestra capacidad de detener individuos y adultos con niños, y para manejar las audiencias en los tribunales de inmigración", dijo a periodistas el vice director de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.

"Esto permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deporte más rápido a los inmigrantes ilegales de Centroamérica a quienes se las ha ordenado que vuelvan a sus países", agregó el funcionario.

El Gobierno también anunció un apoyo adicional de 9,6 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras para ayudarlos a recibir y reintegrar a las personas que sean enviadas de vuelta.

En un intento por hacer frente al problema, el Gobierno estadounidense dijo que lanzaría un programa de 40 millones de dólares para mejorar la seguridad en Guatemala y otro de 25 millones de dólares para proveer servicios a jóvenes en El Salvador que son vulnerables al crimen organizado,

El Gobierno estadounidense ha tenido problemas para enfrentar una marea de niños que llegan ilegalmente a Estados Unidos, una situación que el presidente Barack Obama ha calificado como una crisis humanitaria urgente.

Obama habló el jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre el problema, mientras que el vicepresidente Joe Biden estuvo en Guatemala el viernes para discutir el tema con líderes centroamericanos.

"Uno claramente no va a mandar a un niño de regreso a una circunstancia donde no hay nadie esperándolo", dijo Biden. "Pero si pensamos, y todos están de acuerdo, que es necesario ponerlos de vuelta en las manos de un padre en el país desde el cual llegaron", añadió.

Cecilia Muñoz, directora de políticas domésticas de la Casa Blanca, dijo que algunas de las medidas anunciadas el viernes estaban diseñadas para ayudar a los países de Centroamérica a contener la migración.

Los esfuerzos apuntan a "lidiar con la desinformación que está siendo deliberadamente plantada por organizaciones criminales, por redes de tráfico de personas, acerca de lo que pueden esperar las personas cuando llegan a Estados Unidos", declaró la funcionaria a periodistas.

Desde octubre al 15 de junio 52.000 niños sin compañía de adultos llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, dijo Mayorkas. La Secretaría de Seguridad Interior está buscando más instalaciones para albergar a los menores, señaló el funcionario.

Los republicanos culpan por el flujo de niños a la decisión de Obama de 2012 de no deportar temporariamente a algunos menores llevados ilegalmente a Estados Unidos por sus padres.

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El índice de confianza empresarial volvió a caer en junio


El índice de confianza empresarial volvió a caer en junio a un nivel por debajo del promedio registrado desde que se inició el gobierno de Ollanta Humala, mostró hoy un sondeo de Apoyo Consultoría.

La encuesta, aplicada a más 280 empresas entre el 16 y 19 de junio, reveló que solo un 17% estaría dispuesta a acelerar la ejecución de sus planes de inversión en los próximos seis meses, en tanto que otro 10% indicó que reducirá el ritmo de inversiones.

Además, el sondeo arrojó también que un 73% de empresarios mantendrá invariable su ritmo actual de ejecuciones.

"El bajo crecimiento del producto bruto interno (PBI) reportado en lo que va del año, acompañado con expectativas de una recuperación modesta para el segundo semestre del año, explicarían, en parte, las cifras obtenidas [en junio]", indicó la consultora.

"Si la confianza se mantiene en un nivel bajo en los próximos meses, la recuperación de la inversión privada podría ser lenta y poco significativa", agregó.

Con las cifras obtenidas, Apoyo Consultoría dijo que el índice trimestral de la confianza empresarial entre abril y junio tuvo una caída de 12 puntos porcentuales en relación a la medición del primer trimestre del año y 9 puntos por debajo del promedio calculado desde que se inició la gestión de Ollanta Humala.

BAJAS EXPECTATIVAS
Entre tanto, un panorama "poco optimista" en la demanda para la segunda mitad del año previsto por las empresas también se suma a los aspectos que influencian este bajo resultado en la confianza empresarial, que de mantenerse, limitaría el crecimiento económico en el 2015.

Apoyo señaló que dos tercios de los ejecutivos consultados proyectan que tanto la demanda interna como la externa se mantendrán igual o estará incluso algo peor a la experimentada en el primer semestre del 2014.

"El Gobierno está trabajando en un paquete de medidas orientadas a reducir el costo de hacer negocios en el Perú. La rapidez del Ejecutivo y el Congreso en definir e implementar estas medidas puede contribuir a que la confianza empresarial se recupere de manera más sostenida y, por tanto, la inversión privada se acelere nuevamente", puntualizó el informe.

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Editorial: Todavía falta

Si bien se debe felicitar, por ir en la dirección correcta, al paquete de medidas dictadas por el gobierno en busca de una reactivación de nuestra ralentizada economía, también se lo puede criticar por no ir suficientemente a fondo. En efecto, es verdad que –muy bien pensadamente– el paquete busca disminuir los innumerables obstáculos regulatorios que hoy frenan a la iniciativa privada (y más que a ninguna, a la más pequeña); pero, al mismo tiempo, sucede que estos obstáculos son tan grandes y numerosos que hay sectores en que el alcance reductor de sus medidas se parece más al de una limada de uñas.

Acaso el más resaltante de estos sectores normativos a los que la tijera gubernamental ha tocado insuficientemente sea el laboral. Naturalmente, no se trata de un área en la que sea políticamente fácil ingresar con ninguna tijera. El lugar común, permanentemente fomentado por las fuerzas estatistas, es que esas normas están ahí para proteger a los trabajadores, de modo que el que seamos uno de los países con las legislaciones laborales más rígidas y demandantes del mundo en realidad sería una buena noticia, porque querría decir que somos uno de los países que más protegen a sus trabajadores.

Demora bien poco, sin embargo, descubrir que esta posición es o muy desinformada, en el mejor de los casos, o muy hipócrita, en el peor. Según la OIT, el 68,6% de los trabajadores peruanos están contratados en la informalidad. Es decir: no es que la enorme mayoría de nuestros trabajadores ostenten pocas protecciones de la legislación laboral; es que no poseen ninguna. Lo que tiene una relación directa con lo alto que nuestras normas colocan la valla de la formalidad: tan alto, que la mayoría de empleadores del país, que son empresas pequeñas y medianas, ni la intenta pasar, y prefiere más bien cargar con los altos costos que la informalidad supone para las posibilidades de crecimiento de cualquier empresa. Con lo que nuestra legislación laboral termina siendo, además de anticompetitiva, excluyente y discriminatoria (en perjuicio de los trabajadores que no tienen la suerte de estar empleados por las empresas grandes, que son las que no pueden escaparse del radar de los inspectores laborales).

No debería, pues, el gobierno, tener miedo de entrar más a fondo a reducir las cargas de nuestra legislación laboral. Debería más bien preocuparse por poner en evidencia cómo no dicen la verdad quienes la presentan como una protección para nuestros trabajadores, y por demostrar cómo una flexibilización de la misma sería, sobre todo, inclusiva.

Esto no quiere decir, repetimos, que las medidas laborales contenidas en el paquete no sean muy positivas. Es positivo refrenar el antes casi irrestricto poder de la Superintendencia de Fiscalización Laboral para poner multas estratosféricas que sirvan para alimentar su presupuesto. Y también lo es reducir algunas de las absurdas obligaciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la de hacer un examen médico a cada trabajador cuando ingresa y cuando se retira, además de anualmente; o la de contratar a un médico ocupacional en la empresa para prevenir cualquier enfermedad. Pero no se trata de medidas que puedan hacer mucha diferencia mientras que los costos no salariales del trabajo que impone nuestra legislación laboral superen el 60% del costo laboral total y estén entre los mal altos del mundo, o mientras tengamos una estabilidad laboral prácticamente absoluta, por solo nombrar dos ejemplos.

La única verdadera protección para los intereses de los trabajadores es la que les da el crecimiento de la inversión y, por lo tanto, de la competencia de las empresas por contratarlos. Así, por ejemplo, si entre el 2005 y el 2012 el número de peruanos con empleo adecuado (definido como aquel que paga más que el sueldo mínimo y supone trabajar más de medio tiempo) se duplicó en nuestras ciudades, ello no fue porque alguna ley lo ordenase; fue porque el crecimiento hizo que hubiera cada vez más empresas compitiendo por la fuerza laboral. La misma causa que logró que entre el 2004 y el 2012 los ingresos de los trabajadores sin educación alguna o que cuentan solo con educación primaria se elevasen en 60% en Lima Metropolitana y que, en el mismo período, el salario promedio del Perú rural se duplicase.

Entonces, sin dejarse intimidar por quienes defienden estas protecciones mentirosas, el gobierno debe profundizar en este paquete de reformas y avanzar más resueltamente por la única senda que abre el paso a la inclusión: aquella que fomenta el emprendimiento y la inversión.