Acciones de trabajadores en azucareras pierden valor
POR AMPLIACIÓN DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A CAYALTÍ, POMALCA Y TUMÁN APROBADA POR EL CONGRESO
Ministro de Economía afirma que el Ejecutivo observará la norma
La aprobación por el Congreso del proyecto de ley que amplía hasta el 31 de diciembre de 2011 el régimen de protección patrimonial de las empresas azucareras no solo ha despertado el rechazo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que ha causado una grave pérdida de los valores de las acciones de dos de las empresas que esta medida busca proteger.
Los papeles de la Empresa Agroindustrial Pomalca se desplomaron un 9,46% en la sesión de ayer de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), mientras que las acciones de la Empresa Agroindustrial Tumán perdieron 7,89%.
Los papeles de ambas empresas –bajo el control del grupo Oviedo– lideraron el ránking de los papeles que más valor perdieron, durante la jornada de ayer.
Asimismo, pese a que el principal argumento de los defensores de la medida es cuidar los intereses de los trabajadores, el valor de sus participaciones en ambas empresas tuvo fuertes pérdidas. En el caso de Pomalca, el paquete en manos del personal perdió S/.2,9 millones en valor y en Tumán la caída fue de S/.6,8 millones.
La razón para el desplome, según Gustavo Urrutia, gerente de Estudios Económicos de Inteligo SAB, fue que el mercado aguardaba que el 20 de este mes el Estado vendiera las participaciones que aún mantiene en las tres azucareras amparadas por la norma, subasta que se ha postergado a la espera de que hayan mejores condiciones en el mercado.
Como se conoce, el 32,33% de las acciones de Cayaltí, el 32,88% de Pomalca y el 7,21% de Tumán todavía se mantienen en poder estatal.
EJECUTIVO EN CONTRA
Consultado sobre si el Ejecutivo observará la autógrafa del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, señaló: “Continuamos en lo mismo. La posición del Ejecutivo siempre ha sido observarla todos los años”.
Benavides ya había expresado que “si los administradores de las azucareras no han podido reordenarlas en ese período de tiempo, es porque o son ineptos o no quieren hacerlo”. Esto, en referencia a los ocho años que se lleva postergando la protección patrimonial a las azucareras, lo cual impide que los acreedores de las firmas puedan ejecutar medidas cautelares o someterlas a procedimientos ante Indecopi para solicitar su reestructuración o liquidación a fin de recuperar sus acreencias.
Sin embargo, la última postergación (en el 2008) fue promulgada por el Ejecutivo, lo cual echa dudas sobre la certeza de Benavides.
Kurt Burneo, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, opinó que, así el Ejecutivo rechace la medida, es poco probable que el Congreso no insista en su aprobación, pese a que urge sanearlas.
“Varios de los congresistas que están abogando por la prórroga de los beneficios a las azucareras van a tentar una reelección y no creo que sacrifiquen un caudal de votos, aunque eso signifique seguir promoviendo que estas empresas se manejen de manera ineficiente”, explicó.
El ministro de Economía no quiso pronunciarse sobre la postergación de la subasta de las acciones del Estado en Pomalca, Tumán y Cayaltí. “Aún no nos han enviado el texto, así que no conozco la situación ni qué novedades hay en la ley”, dijo Benavides, al tiempo que cuestionó a los que piden que la venta se postergue.
“¿Cuáles son las condiciones adecuadas del mercado?, ¿que suba el precio del azúcar gracias a los que especulan con este producto?”, se preguntó.
URGE SANEARLAS
Miguel Palomino, gerente del Instituto Peruano de Economía, opinó que el objetivo inicial de la protección patrimonial se ha perdido por completo.
“No se puede justificar sostener por ocho años un régimen de excepción que buscaba darles un aire a estas empresas para sanear sus cuentas. Lo que ha sucedido es que ya nadie tiene el poder de presionarlas para que paguen sus deudas ni para ser transparentes”, opinó.
PARA TENER EN CUENTA
¿Por qué se dio la protección?
En junio del 2003 se creó el régimen de protección patrimonial a las azucareras, que estaban en una pésima situación financiera.
El objetivo de la norma era permitir a sus administradores reordenar las empresas para que paguen sus deudas con la Sunat y terceros, sin correr el riesgo de que se solicite su liquidación o reestructuración ante Indecopi.
Sin embargo, esa meta no se ha cumplido.