por admin » Sab Sep 25, 2010 8:08 am
Editorial: Estafa en la selva
¿Qué se obtiene al juntar una república sudamericana y grupos ambientales con una compañía petrolera estadounidense?
Si le parece que la pregunta suena como un chiste, considere a Ecuador, donde abogados estadounidenses y activistas ambientales están tratando de que Chevron pague la mayor indemnización por daños y perjuicio de la historia en un caso medioambiental. En una demanda ante una corte ecuatoriana, Chevron enfrenta un posible veredicto de US$113.000 millones —que hace una semana era tan sólo de US$27.000 millones— para limpiar un desastre ecológico casi con seguridad creado por la propia petrolera del gobierno, PetroEcuador, que ha supervisado más de 1.200 derrames tan sólo en los últimos diez años.
El drama comenzó en los años 70, cuando Texaco y la petrolera estatal PetroEcuador perforaron unos 321 pozos en Ecuador. A principios de los años 90, Texaco decidió poner fin a sus operaciones y diseñó con el gobierno un plan de limpieza ambiental que asignó a Texaco la responsabilidad de 133 sitios, una cifra proporcional a la participación de la compañía en el proyecto. La petrolera gastó US$40 millones en las operaciones de limpieza, y en 1998 el gobierno y PetroEcuador eximieron legalmente a Texaco —que se fusionó con Chevron en 2000—, de toda reclamación o responsabilidad posterior.
Para lo que sirvió…El grupo ecologista Frente de Defensa de la Amazonía, una ONG creada en Ecuador y la única beneficiaria (incluida) de la demanda, ha llevado a cabo una implacable campaña contra Chevron en los tribunales ecuatorianos y en los medios de comunicación occidentales. La actriz Darryl Hannah se ha fotografiado introduciendo las manos en una mancha fresca de petróleo, una supuesta prueba de la culpabilidad de Texaco. La demanda también cuenta con el apoyo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, un clon de Hugo Chávez que arremetió contra Texaco por sus "atrocidades". El fiscal general de Ecuador ha dicho que el Estado se quedaría con el 90% de cualquier pago de Chevron.
Ahora, sin embargo, toda la historia se está desmoronando bajo el intenso escrutinio legal en varias jurisdicciones. En mayo, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan concedió una petición de Chevron en la que solicitaba la divulgación de cientos de horas de grabación adicional del documental "Crude" divulgado en 2009, que pretende ser un relato imparcial de la batalla legal pero que está más cerca de ser una obra de agitación propagandística pro-fiscalía. El juez también autorizó la revelación de información relacionada con el abogado de los demandantes Steven Donzinger, cuyo alcance Donzinger pidió al juez Kaplan que limite en una audiencia celebrada el jueves.
"La versión divulgada de "Crude"…muestra interacciones que sugieren la posibilidad de conductas inapropiadas por parte del abogado de los demandantes y el gobierno de Ecuador", escribió el juez en mayo, añadiendo que "es probable que las tomas descartadas sean relevantes en cuestiones importantes para el proceso judicial". Los autores de "Crude" han apelado la decisión. Una orden del 13 de septiembre del juez federal Lorenzo García en la Corte Federal de Distrito de Nuevo México indicó que las secuencias filmadas muestran una "conducta inapropiada, inmoral y quizás ilegal" y calificó a las imágenes descartadas de "suficientes para establecer un caso prima facie de tentativa de actividad fraudulenta por el abogado [Steven] Donziger".
Entre esas tomas no utilizadas en el documental —las transcripciones disponibles públicamente de las imágenes que hemos revisado— hay una escena en la que Donziger dice, en relación a la calidad de la evidencia sobre el alcance de la supuesta contaminación, que "a la postre, para la corte todo esto es un montón de efectos ilusorios y sandeces. De verdad que lo son. Tenemos suficiente, para ganar dinero, para ganar".
También hay una conversación entre Donziger y dos socios ecuatorianos en las que discuten (aunque no está claro qué tan seriamente) si pueden contratar gente local para que vigilen fuera de juzgado. Los lectores pueden juzgar por sí mismos qué pretendían hacer con el grupo. "Se llama ejército, pero es algo parecido a… un grupo especializado…de acción inmediata", dice uno de los asociados. Donziger no respondió a las peticiones de comentarios.
En testimonio jurado hace unos meses, el biólogo estadounidense Charles Calmbacher, cuya evaluación de toxinas en dos sitios se usó para estimar la responsabilidad de Chevron, dijo que las conclusiones presentadas en su nombre por Donziger no reflejaban el informe que preparó en 2005. Calmbacher dijo que no hizo estimaciones de costos ni referencias a cuantías indemnización. "Concluí que no ví contaminación significativa que representara una amenaza inmediata al medioambiente o a seres humanos o a la fauna y flora de alrededor".
Esa no era la respuesta que esperaba Donziger, explicó Calmbacher. "La respuesta que quería era que hubiera contaminación y que la gente hubiera sufrido lesiones…Porque así se gana dinero. Eso gana el caso". Cuando recibió una citación judicial para declarar en marzo, dice Calmbacher, Donziger le llamó para disuadirle de participar en la declaración.
Donziger no mencionó las acusaciones de Calmbacher en su contestación, pero en una moción para anular la citación judicial a Donziger, los abogados demandantes calificaron a Calmbacher de "ex experto descontento, que tuvo un papel muy pequeño en el caso Lago, y que amenazó con demandar a los demandantes por impago de honorarios". La portavoz de la acusación Karen Hinton también ha calificado de "desconcertante" el testimonio de Calmbacher.
Las tácticas podrían ser menos escandalosas en Ecuador, donde los tribunales son notoriamente, ejem, poco fiables. En el juicio contra Chevron, un juez ecuatoriano, Juan Nuñez, se inhibió del caso a petición del fiscal general Washington Pesántez tras divulgarse videos que sugerían que Nuñez podría estar implicado en un intento de soborno de US$3 millones en el que estarían implicados personas que se identifican a sí mismos en la grabación como funcionarios del partido gobernante en Ecuador.
El caso dio otro giro ridículo en febrero cuando se descubrió que Richard Cabrera —el autor del informe original "independiente" nombrado por la corte que sugirió que Chevron debería pagar US27.000 millones por sus infracciones—, tenía un posible interés financiero en cualquier veredicto. Cabrera, que posee una participación mayoritaria en una compañía de limpieza de derrames petroleros incluida en una lista de PetroEcuador de proveedores autorizados, ocultó esa relación a la corte al negar que tuviera algún conflicto de interés. Chevron ha alegado en los tribunales que Cabrera puso una fecha anterior a la verdadera a fotografías tomadas a principios de los años 90 y en 2001 para implicar a Texaco en la aparición de fosas de petróleo creadas después de que la compañía abandonara el país.
Recientemente, Chevron ha incoado una demanda en un tribunal de distrito de Colorado en la que alega que el informe de Cabrera fue escrito en colaboración estrecha con Stratus, una firma de consultoría medioambiental de Boulder, Colorado, contratada por los demandantes y que, según Chevron, ha estado ocultando evidencias de contactos impropios con Cabrera. En un comunicado enviado por correo electrónico, el vicepresidente ejecutivo de Strata, Doug Beltman, nos dijo que debido a las normas de confidencialidad a las que recurrieron los demandantes, la firma "no puede proveer más información en estos momentos más que para afirmar que las acusaciones de fraude y de otras impropiedades presentadas contra nosotros son falsas y para caracterizarlas como parte de la actual campaña de Chevron en los medios de comunicación contra los demandantes". Cabrera no ha respondido a las alegaciones.
La estimación de daños de Cabrera de US$27.000 millones fue un ejercicio de matemáticas imaginarias superado tan sólo por la nueva cifra de los demandantes de US$113.000 millones. Si bien Texaco considera que ganó unos US$490 millones durante la vida del proyecto, el informe de Cabrera sugiere que la compañía debe US$8.400 millones por "enriquecimiento injusto", mientras que la nueva "cifra conservadora" de los demandantes estima que sería apropiado entre US$18.260 millones y US$37.860 millones. Para costos de limpieza, el reporte de Cabrera asigna US$2.743 millones para un trabajo que costaría unos US$18 millones si lo hiciera PetroEcuador. Cabrera estimó US$9.000 millones para las víctimas de cáncer, sin ninguna prueba documental de su existencia. La nueva estimación de los demandantes es de US$69.700 millones.
Estas astronómicas cifras siempre han sido una forma de coaccionar a Chevron para que alcance un acuerdo, pero hasta ahora la compañía ha presentado batalla. En marzo, el juez federal de distrito Leonard Sand dictaminó en Nueva York que la compañía podía seguir adelante con un recurso de arbitraje internacional contra Ecuador por violar sus derechos al debido proceso en el juicio que está teniendo lugar en el país sudamericano. La apelación está pendiente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Por medio del arbitraje, Chevron probablemente podrá postergar el pago de cualquier veredicto exorbitante emitido por el tribunal ecuatoriano. Y si la corte no rechaza los dos informes de Calmbacher, cualquier veredicto se puede impugnar en base a evidencias fraudulentas.
Quizás el veredicto definitivo sobre el caso fue presentado por uno de los abogados de los acusantes, Joe Kohn, de la firma Kohn Swift & Graf, de Filadelfia, quien dijo a los creadores de "Crude": "Mucha de mi motivación es que, al final, será un caso lucrativo para la firma". Y esta declaración ni siquiera se quedó fuera en las escenas desechadas.