por admin » Mar Mar 29, 2011 5:58 pm
'Redadas silenciosas' ponen presión sobre inmigrantes indocumentados en EE.UU.
Por Miriam Jordan
Jaime López ganaba US$14 por hora, más prestaciones, como empleado de mantenimiento en un edificio de oficinas en las afueras de Mineápolis. Entonces, su empleador fue auditado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), y López, junto con otros 1.200 inmigrantes indocumentados en las Ciudades Gemelas (Mineápolis y St. Paul), perdió su empleo en octubre de 2009.
Hoy, el inmigrante indocumentado oriundo de México, de 30 años, dice que está teniendo problemas en poner US$500 al mes sobre la mesa con trabajos ocasionales, con frecuencia trabajando por menos del salario mínimo por hora del estado de Minnesota.
Los detractores de las políticas de inmigración estadounidenses, a la izquierda y a la derecha del espectro político, se oponen a estas llamadas "redadas silenciosas" del gobierno del presidente Barack Obama. Dicen que, de hecho, desvían los trabajadores inmigrantes indocumentados con empleos relativamente bien pagos a la economía subterránea. Los conservadores preferirían deportar a los inmigrantes, mientras que otros piden una senda a la ciudadanía estadounidense.
Javier Morillo, presidente del local 26 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en las Ciudades Gemelas, el cual representaba a López, dijo: "Uno esta sacando a personas trabajadoras de empleos que pagan bien y moviéndolos a empleos en los que son explotados".
El representante republicano Lamar Smith, de Texas, uno de los principales enemigos de la inmigración ilegal, dijo que "las auditorías no son un gran disuasivo" de la inmigración ilegal, porque los trabajadores "simplemente salen a la calle y consiguen otro empleo".
En abril de 2009, el gobierno de Obama orientó el foco de la fiscalización de las leyes en el ámbito laboral de arrestar trabajadores indocumentados a poner presión sobre los empleadores. La estrategia representó el final de la política de la era de Bush de llevar a cabo redadas de alto perfil en sitios de trabajo, durante los cuales se arrestaban inmigrantes indocumentados para su deportación.
Las redadas silenciosas han afectado a miles de empresas, principalmente en los sectores de restaurantes, agricultura y mantenimiento de edificios. Los agentes del ICE recogen y revisan los archivos de contratación de personal, en general los formularios I-9 que verifican la elegibilidad para trabajar en compañías estadounidenses. Las compañías con trabajadores no autorizados pueden encarar el procesamiento civil y penal.
En meses recientes, las auditorías han golpeado las operaciones en Minnesota de dos compañías nacionales, Chipotle Mexican Grill, una cadena de burritos de rápido crecimiento, y Harvard Maintenance, una empresa de servicios de conserjería y mantenimiento. Juntas, despidieron a casi 1.000 trabajadores.
En total, hay en curso más de 1.000 auditorías en todo el país, según el ICE. "La mayoría de las compañías no son conocidas por el público general, pero está ocurriendo auditorías en cantidades récord", dijo un funcionario del ICE.
A mediados de 2009, el gobierno notificó al empleador de López, la empresa de servicios de conserjería ABM Industries Inc., con sede en Nueva York, que una auditoría de sus formularios de elegibilidad de trabajadores en Minnesota había revelado más de 1.000 empleados con documentos sospechosos, según el SEIU.
Entre ellos estaba López, quien había cruzado la frontera en 2002 y se había radicado en la zona de las Ciudades Gemelas, donde había escuchado que abundaban los empleos. Comenzó a trabajar como limpiador de oficinas en el turno nocturno, ganando US$10,25 por hora, con prestaciones y afiliación al SEIU. En 2005, fue promovido a un cargo de mantenimiento, encargándose desde reparaciones de alumbrado hasta la operación de equipos durante horas comerciales. Ganaba US$14 por hora.
"Era un área muy buena y estable para trabajar", recordó. "Me trataban bien".
Entretanto, se casó y tuvo dos hijos. Pagó US$2.500 por una furgoneta Plymouth azul modelo 1997. Tras su ascenso, solicitó una hipoteca por una casa de dos habitaciones de US$185.000, que remodeló. Se inscribió en clases de inglés en un instituto local.
En el otoño boreal de 2009, el SEIU notificó a él y muchos colegas que ABM había sido auditada y que quienes no podían demostrar que tenían derecho a trabajar en EE.UU. perderían sus puestos de trabajo.
"ICE determinó que ciertos trabajadores proveyeron lo que ellos calificaron de documentación sospechosa", dijo ABM en respuesta a preguntas sobre la auditoría. "En ese momento, en vez de proveer documentación diferente, algunos trabajadores pueden haber optado por dejar su empleo con la compañía". ABM añadió que todos los empleados fueron reemplazados "bajo los términos de un acuerdo de negociación colectiva".
Morillo, el líder sindical, dijo que la mayoría de los trabajadores se mantuvo en la zona y comenzó a buscar otros empleos. Una encuesta informal del SEIU entre 200 trabajadores despedidos por ABM mostró que solo 6% estudiaba seriamente volver a sus países de origen. Entre todos, tenían 760 hijos que son ciudadanos de EE.UU.
López consiguió trabajo a US$6 por hora para limpiar una taberna, hasta que el jefe encontró a alguien más barato con quien reemplazarlo. Trabajó por tiempo parcial en una pizzería, que cerró. Esporádicamente ha paseado un perro y hecho mandados para un hombre mayor. "Haré cualquier trabajo honesto", dijo.
Para seguir a flote, volvió a hipotecar su casa con ayuda del sindicato. Pero no pagó la cuota del mes pasado. Ha visto amigos perder sus casas, dijo. Como López, pocos se han ido del estado o del país.
Esta semana, consiguió un trabajo de limpieza por un mes en una fábrica por US$8 la hora. "Estoy aliviado de tener algo", dijo durante un recreo.