por Victor VE » Mar Oct 25, 2011 11:12 am
Gobierno evalúa volver a juzgar a comandos Chavín de Huantar
Lima -
En abril de 1997, un grupo de 140 militares ingresaron a la residencia del embajador japonés para rescatar a 72 personas que permanecieron cautivas luego de que una columna subversiva del MRTA los mantuviera secuestrados durante cuatro meses.
Sin embargo, los actores de esta operación, que en algún momento fueron reconocidos como "héroes", pueden enfrentar un amargo episodio en sus vidas si se concreta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dichos militares sean nuevamente procesados, pero esta vez en el fuero civil.
A pesar de que el tema se ha manejado bajo estricta confidencialidad en el seno del Ministerio de Justicia, Correo pudo conocer, a través de una sólida fuente de dicho sector, que en junio último la CIDH notificó al Estado peruano el informe de fondo sobre la demanda que planteó la ONG Aprodeh en contra de los comandos.
Al banquillo. En dicho informe, clasificado por la propia CIDH como "reservado", se establece que "Chavín de Huántar es una operación en la que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas. Concretamente a tres terroristas".
Según la CIDH, "al ser una ejecución extrajudicial, los comandos deberían ser juzgados en el fuero común". Por tanto, en sus recomendaciones planteó que se indemnice íntegramente a los familiares de los terroristas y sancionar a los responsables en un proceso ordinario, es decir, a los comandos.
Con el ingreso del nuevo gobierno, Francisco Eguiguren asume la titularidad del Ministerio de Justicia (Minjus) y toma conocimiento del caso. Cuando el plazo de tres meses que otorga la CIDH venció en agosto, Eguiguren ordenó que se solicite la ampliación por un mes.
Para entonces -según nuestra fuente-, la respuesta a la CIDH ya había sido elaborada en conjunto por el Minjus, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial. Se rechazaría el informe de fondo de la CIDH y se pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de setiembre.
La estrategia aludía a que el Tribunal Militar en el 2004 es el que realizó el juicio para los comandos, luego de que la Corte Suprema determinara -en contienda de competencia- que "eso era una operación militar".
Todos. "Sin embargo, la CIDH dice que no, que esa contienda de competencia es fraudulenta, porque al ser una ejecución extrajudicial es lesa humanidad, es decir asesinato, y por lo tanto no sólo se debe procesar a los cinco que ahora están procesados sino a todos los comandos", explicó la fuente.
Para sustentar la estrategia del Estado, se destacó que en el enfrentamiento armado murieron dos comandos, un rehén, 16 terroristas y 25 comandos resultaron heridos, además de otros uniformados que terminaron discapacitados de por vida.
Otro argumento se basaba en que las armas que utilizaron los comandos se caracterizaba por ser de menor alcance que las del grupo emerretista.
Además, el grupo terrorista tenía "secuestrados", era un grupo militarizado porque contaba con un comandante, con identificación, con banderas, y sobre todo con una estructura militar que respondía a objetivos. "En consecuencia, tenía paridad o igualdad de situaciones", anotó la fuente.
El objetivo era defender la contienda de competencia porque la dicta la Corte Suprema en el 2004 y en ese caso nadie podía decir que dicha instancia estaba "presionada".
¿Se allanan? El pasado 12 de octubre venció la prórroga "excepcional" solicitada en setiembre, donde se argumentó el cambio de gobierno. Sin embargo, según afirmó nuestra fuente, el Minjus ha solicitado una nueva prórroga por tres meses más.
Efectivamente, el departamento de prensa del Minjus confirmó a Correo que se ha solicitado esta segunda prórroga "para que puedan analizar el tema". "En otras palabras lo hemos paseado", nos dijeron, negando con ello que se haya admitido las recomendaciones de la CIDH.
Sin embargo, según lo que nos refiere la fuente, "cuando se pide ampliación de plazo es porque se va a cumplir con las recomendaciones", nos comentó remitiéndose al reglamento de la CIDH.
Y es que según el artículo 46, referido a la "suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte", la Comisión considera que la solicitud de suspensión se otorgará cuando: "a. El Estado haya demostrado su voluntad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento".
Es decir, que al pedir la prórroga, el Minjus estaría evaluando someterse a las recomendaciones de la CIDH, que indica que los comandos deberían ser procesados una vez más en el fuero civil.
La pregunta es, ¿habrá coordinado el ministro Eguiguren este nuevo pedido con el Ministerio de Defensa o con el Poder Judicial, o sus asesores le habrán dicho que pedir el plazo es allanarse a las recomendaciones? El ministro Eguiguren tiene la palabra.
Sorprendidos. Sin embargo, quien sí se mostró sorprendido con este tema fue el abogado del general EP José Williams Zapata, quien comandó la operación Chavín de Huántar, Mario Amoretti.
"Es lamentable porque la situación quedó aclarada y se ha demostrado que en estos momentos están siendo procesados los verdaderos responsables, Huamán Azcurra, Jesús Zamudio, Montesinos y Hermoza", dijo Amoretti.
"Los comandos -prosiguió- nunca han conocido este informe de la CIDH. Nunca nos llamaron. No es posible que los terroristas tengan mejor defensa por el Estado peruano que los propios militares", concluyó. Karem Barboza -