SPANISHJULY 12, 2010, 12:03 A.M. ET
El asalto de Chávez contra la libertad de prensa
Por Mary Anastasia O'Grady
Washington
"Vine a Estados Unidos y en especial a Washington para buscar justicia".
Es viernes por la tarde y estoy sentada enfrente de Guillermo Zuloaga, el dueño de Globovisión, uno de los sólo tres canales de televisión venezolanos que siguen en manos privadas. A principios de junio, Zuloaga y su hijo y socio (también llamado Guillermo) huyeron de su país natal, Venezuela, y pasaron a la clandestinidad cuando Hugo Chávez ordenó su arresto. La semana pasada apareció aquí y acordó conversar conmigo sobre la petición que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, domiciliada en Washington, y sobre la vida bajo el chavismo.
Globovisión llega un 42% de los hogares que posee un televisor y Zuloaga se siente orgulloso de su historial. "Chávez hizo todo lo que pudo para cerrar Globovisión o intentar cambiar su actitud", sostiene, pero "no ha podido hacerlo... Globovisión es el único canal independiente que sigue siendo crítico del gobierno".
Associated Press
Guillermo Zuloaga (dcha), presidente de Globovisión, canal de televisión que se opone al presidente Hugo Chávez, es escoltado por la Guardia Nacional a la salida de las oficinas de la fiscalía general en Caracas.
Zuloaga sostiene que la decreciente popularidad de Chávez ha intensificado su resentimiento contra la cadena de noticias. "La calidad de la vida venezolana se está deteriorando de forma considerable, a la vez que uno de los mayores escándalos de corrupción salió a la luz, cuando se pudrieron 70.000 toneladas de alimentos en los puertos. Tenemos problemas con la electricidad, problemas con el agua, los índices de crimen son más altos que en cualquier otra parte, con 150.000 muertes violentas en los últimos 10 años. El gobierno de Chávez ha violado casi todos los artículos de la Constitución", señala. Globovisión es la única cadena que informa sobre todo esto, afirma.
Zuloaga ya fue arrestado una vez. Sucedió en marzo, luego de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba, donde, sostiene, unas 10 personas que trabajan para el gobierno venezolano, el regulador televisivo, y un canal de televisión estatal acudieron sin invitación. Uno de ellos tomó el micrófono y acusó a Zuloaga de promover lo que a Chávez le gusta llamar el "golpe" en 2002.
Zuloaga sintió que "la acusación de ser parte de un golpe que nunca existió, hecha en público, que quedaba grabada" no podía quedar sin una contestación. "Así que me levanté y dije que no hubo golpe y que lo que había ocurrido fue que Chávez les ordenó a los militares disparar contra la gente ese día". Zuloaga cree que lo que sucedió ese día fue un levantamiento popular contra 49 proyectos de ley —entre las que figuraba un agresivo asalto contra la propiedad privada— que Chávez se preparaba para promulgar cueste lo que cueste.
Alrededor de una semana después de la reunión en Aruba, Zuloaga fue arrestado por la inteligencia militar y acusado de calumnias. Pasó tres horas en una cárcel de Caracas y cree que la "presión internacional" de una cantidad de lugares distintos lo liberó. Pero afirma que los cargos en su contra nunca se retiraron.
Para explicar lo que sucedió después es necesario recordar un cargo en su contra de mayo de 2009, que lo acusa de "acaparar" automóviles en su propiedad (Venezuela tiene escasez de automóviles). "Luego de nueve meses de investigación", señala, "el gobierno no pudo probar crimen alguno. El expediente fue colocado en una caja y sellado".
Poco después de que Zuloaga fuera liberado de la cárcel en marzo tras el fracaso de la estrategia de las calumnias de Aruba, Chávez anunció que no había terminado con Zuloaga. "En una de estas reuniones interminables que emite en televisión durante horas, una en la que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y el jefe de la oficina de la fiscalía estaban presentes, afirmó: '¿Cómo puede ser que esta Globovisión pueda seguir diciendo cosas contra la gente, el gobierno y yo?' '¿Cómo un presidente que me criticó y dijo todas estas cosas aún está libre?'".
Una semana más tarde, sigue el relato de Zuloaga: "Recibimos información desde adentro —porque no todos los que trabajan para el gobierno apoyan a Chávez— de que el fiscal general había pedido el expediente [del acaparamiento] de 2009".
"Y reabrieron el caso. Sin cambiar una palabra de ese expediente, ordenaron que nosotros [Zuloaga y su hijo] fuéramos encarcelados directamente. Ordenaron que nos pusieran en una cárcel llamada La Planta, que es famosa por ser una de las prisiones más peligrosas del continente americano. Hace sólo semanas hubo una revuelta allí y murieron 15 personas". En ese momento se escaparon.
Zuloaga contó dos casos —uno que involucraba a Globovisión y el otro que involucraba a la acusación de acaparamiento de 2009— en los cuales los jueces fueron despedidos por no cumplir con los deseos de Chávez. En uno de ellos, incluso se cerró un tribunal. Zuloaga resume el estado de derecho en Venezuela de la siguiente forma: "La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia declaró que no piensa que debamos continuar con poderes independientes, independencia del poder judicial, porque eso debilita el poder del gobierno. De modo que si esa es la opinión de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, imagínese lo que sucede debajo de ese nivel".
Zuloaga afirma que la comisión de derechos humanos recibió su petición y él desafía a Chávez a que responda. "Venga aquí y pruébelo [que cometió un crimen]", sostiene, "porque en Venezuela no es posible tener un juicio imparcial".
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